Como en el colegio. Un abecedario como éste debe ser el que el presidente del Gobierno recita con los ‘fontaneros’ de la Moncloa, día tras día. Son todas las cosas que tiene pendientes para afrontar, imprevistos al margen, durante el curso político que ahora empieza. En él, dos temas centrales ganan terreno sobre los demás: la gripe A y la crisis económica. Pero hay más frentes abiertos, como el desarrollo de algunas decisiones del curso pasado o el peligro de que se tumben algunas medidas que se daban por cerradas. Durante este curso podrían multiplicarse los frentes abiertos para el Ejecutivo.
La aprobación del anteproyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva (conocida como Ley del Aborto) fue una de las últimas decisiones que adoptó el Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. El texto introduce algunas propuestas polémicas que han merecido las críticas de algunos sectores de la sociedad así como de la Iglesia católica.
A grandes rasgos, el texto legal recoge la posibilidad de abortar libremente (sin tener que cumplir supuesto alguno) hasta la semana 14 de embarazo, permitir a las jóvenes de 16 años o más acogerse al supuesto anterior sin que medie permiso paterno alguno. Ahora el proyecto está pendiente de análisis legal (por parte del Consejo General del Poder Judicial) previo a su retorno al Consejo de Ministros, que ultimaría el texto para su presentación en las Cortes Generales.
Durante el pasado año se sucedieron los incidentes en varias universidades españolas. El motivo: el rechazo de determinados colectivos a la adopción de este texto. Este es el curso en el que el plan su implantación será definitiva. El objetivo del plan es homogeneizar las titulaciones a nivel europeo para facilitar que los estudiantes cambien de país a la hora de desarrollar sus carreras profesionales.
En el otro lado, la reducción de la duración de las carreras o la desaparición de las diplomaturas para adecuarlas al estándar europeo y el enfado de algunos colectivos de estudiantes por considerar que sus titulaciones salen perjudicadas. Fue el caso, por ejemplo, de los estudiantes de informática.
El gran caballo de batalla del Gobierno durante esta legislatura. El desplome de las economías mundiales que ha tenido lugar durante el último año ha azotado con especial virulencia a la española, donde la crisis ha coincidido con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la práctica paralización del sector y de sus negocios dependientes.
Las cifras económicas de algunos países invitan a pensar que la situación va mejorando, pero España deberá lidiar con una tercera ola de morosidad justo cuando algunos hablan ya de “brotes verdes”. Los datos, no obstante, hablan por sí mismos: los precios han caído un 1.4% en un año y el PIB ha caído un 4.2 según datos del Instituto Nacional de Estadística.
La tasa del paro ha ido aumentando de forma exponencial desde el estallido de la crisis. Desde el segundo trimestre de 2007, cuando la tasa estaba en el 7.95%, la escalada ha sido progresiva: sólo dos años después la tasa de parados ha alcanzado el 17.92%, más del doble.
La crisis ha hecho que España pasara de ser el país con mayor creación de empleo a ser el de mayor tasa de parados. Tomando los datos armonizados de la oficina europea de estadísticas, el Eurostat, España tiene una tasa del 18.5%, la mayor de toda la eurozona, cuya media se queda en el 9,5%, por delante de países como Letonia o Lituania.
El Estatut de Cataluña es un mal sueño que vuelve cuando se creía vencido. El Gobierno estuvo muy cerca de ver fracasar su tramitación después de que Esquerra Republicana de Catalunya retirara su apoyo al texto. El Ejecutivo vio peligrar entonces el tripartito e, incluso, el granero electoral que tan buenos rendimientos le dio en las elecciones que llevaron a los socialistas a la Moncloa. Finalmente, la intercesión de CiU permitió que el 18 de junio de 2006 Cataluña aprobara en referéndum su nuevo Estatuto, que pasaba a sustituir al Estatuto firmado con la Constitución, allá por 1979.
El apoyo al texto fue masiva, ya que el 74% de los que votaron optaron por el ‘sí’. El problema vino con que la participación fue inferior al 50%, algo que se interpretó como una muestra de lo poco que le interesaba a la gente el cambio. Poco más de un mes después, el Partido Popular presentó su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo que facilitó aún más que los socialistas consiguieran renovar el tripartito en las elecciones que se celebraron en otoño. El dictamen del Constitucional se espera para dentro de muy poco tiempo y podría tumbar un texto que costó grandes esfuerzos sacar adelante y, de paso, el colchón con el que gobiernan los socialistas en Cataluña.
El 3 de abril de 2010 se completará el proceso de desconexión analógica que se inició hace más de un año. Las primeras pruebas tuvieron lugar desde abril de 2008 en la localidad gallega de A Fonsagrada y en Soria, a las que sucedería, en verano de 2009, la desconexión de más de 550 municipios. El siguiente paso tendrá lugar en octubre, con la desconexión de otros 1.200 municipios, último paso antes del apagón definitivo de la televisión tradicional.
El proceso no ha estado exento de polémicas: adaptación de los viejos televisores, concesión de licencias a los operadores y, por último, la aprobación mediante Decreto Ley de la TDT de pago. Con todo, el cambio supone una enorme inversión en infraestructuras, además de reformar el actual mercado televisivo en el que las fusiones entre plataformas pueden ser la respuesta ante la crisis que les afecta.
Más de 20 muertos en menos de medio año, miles de contagios en nuestro país y dos cifras de costes: 333 millones de euros de inversión del Gobierno y 1.000 millones más de coste para las empresas a cuenta de las bajas previstas durante este otoño e invierno.
Sólo con las cifras sirven para ilustrar el que, junto a la crisis, será el gran tema del arranque del curso político. Si a estos datos se añade que se trata de una pandemia global que mata en todos los rincones del globo y con una tasa de contagios muy alta, el resultado es un reto mayúsculo para el Ministerio de Sanidad en particular y para el Gobierno en general.
Aunque hace un año nadie lo hubiera dicho, Adolfo Suárez podría seguir siendo el único presidente de un gobierno democrático español en no tener que sufrir una huelga general. Felipe González padeció tres (en 1988, 1992 y 1994) y José María Aznar una (la del ‘dectretazo’ de 2002).
Con una tasa del paro de casi del 18% y unas bajas expectativas de mejora a corto plazo, no sería de extrañar que, en caso de que los sindicatos no salieran contentos de la negociación del Diálogo Social que sigue pendiente, cumplieran la amenaza que lanzó Cayo Lara cuando asumió la coordinadora general de Izquierda Unida.
Durante los últimos años, especialmente con la crisis, el Gobierno ha entrado en una constante carrera subsidiaria. Cheque bebé, pago del dentista para niños, ayudas al alquiler, devolución de dinero en la declaración de la Renta, ayuda a los parados… Estos gastos ‘extra’ en los que ha incurrido el Gobierno han contribuido a elevar hasta los 49.687 millones el déficit público. Por decirlo de otra forma: el Estado gastó más de dos veces lo que ingresó durante el primer semestre de 2009. Como consecuencia, las excelentes cifras que presentaban las cuentas públicas hasta el estallido de la prensa peligran: en el primer semestre de 2009, el superávit apenas llega a los 12.000 millones de euros, casi un 30% menos que lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
La solución para compensar la balanza del Estado podría pasar por subir los impuestos. Lo que no se sabe todavía es ni cuáles, ni cuánto, ni cómo. Se ha especulado con subir el IRPF a los tramos más altos (ingresos superiores a los 50.000 euros), con suprimir algunas ayudas ya establecidas, con revisar impuestos indirectos o especiales… A lo largo de este curso el Gobierno deberá fijar cómo piensa recuperar parte del dinero que ha invertido durante estos años de crisis.
La dimisión en febrero de 2009 del ministro Mariano Fernández Bermejo, acosado por la huelga de la Justicia española y envuelto en una cacería ilegal, no ha solventado la crisis de la Justicia española. El asesinato de Mari Luz Cortés fue la gota que colmó el vaso de muchos funcionarios de Justicia del país, que denunciaron la saturación de sus servicios ante la pasividad del Gobierno.
Los funcionarios de Justicia iniciaron unas protestas que acabaron en huelgas generalizadas que contribuyeron a saturar aún más el sistema. Aunque la salida de Bermejo, cuya negociación con los huelguistas fracasó, ayudó a desbloquear la situación… pero sólo temporalmente. Francisco Caamaño, el nuevo titular de Justicia, tendrá que enfrentarse a la situación durante este nuevo curso.
¿Recuerdan la campaña del entonces recién creado Ministerio de Vivienda en el que regalaban zapatillas como ayuda para buscar piso? Tres años después siguen faltando cifras oficiales del Estado, pero se estima que el precio de la vivienda ha caído aproximadamente un 10% durante el último año con motivo de la crisis. Además, los tipos hipotecarios no hacen más que bajar en la eurozona gracias al derrumbe del euríbor y la congelación de los tipos de interés en su mínimo histórico. Pese a ello, la venta de inmuebles en el segundo trimestre del año ha caído casi un 34% respecto al primero y el alquiler de pisos compartidos se ha disparado un 99%.
Pese a la creación de un Ministerio específico, poco se ha progresado en la mejora de un sector cuya burbuja ha tenido mucho que ver en el violento estallido de la crisis en nuestro país. Más allá de regalar unas zapatillas y las ayudas para el alquiler, el acceso a la vivienda sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Ejecutivo.
Entre 2005 y 2007 el Gobierno aprobó importantes textos legales que serán motivo de debate durante este curso político. El primero de los textos es el que modificó el Código Civil para permitir a los homosexuales contraer matrimonio (PDF). Dicho texto sigue pendiente de que el Tribunal Constitucional responda por un recurso interpuesto por el Partido Popular.
Los otros dos textos legales de los que se hablará durante lo serán por muy distinto motivo: se trata de la Ley de Dependencia de 2006 (PDF) y la Ley de Igualdad de 2007 (PDF), ambas leyes pendientes de completar su desarrollo, especialmente en el primer caso, cuyo despliegue depende en gran medida de la acción de las Comunidades Autónomas.
No será en este curso, sino en el siguiente, cuando el Gobierno se someterá nuevamente al dictamen de las urnas. No será de forma directa, pero sí en forma de votación autonómica en Cataluña. A expensas de la situación que quede tras la resolución de los recursos del Estatut por parte del Tribunal Constitucional, el PSOE se juega renovar por tercera vez su gobierno en la Generalitat, sea en solitario o sea con el tripartito.
No obstante, será en este curso cuando se dispondrán las piezas para la batalla: el Ejecutivo sabe que se la jugará en algunos bastiones, como Castilla – La Mancha o la propia Cataluña, y que debe intentar debilitar las plazas ‘populares’ si quiere mantenerse en el poder. De esta forma, la atención estará también en los movimientos que preparen las delegaciones en Madrid, Comunidad Valenciana o Galicia.
El Gobierno ha pagado un precio muy alto por arrebatarle Ajuria Enea al Partido Nacionalista Vasco. La pérdida del apoyo de los nacionalistas vascos ha dejado a los socialistas a los pies de los caballos en el Congreso. Entre la oposición frontal del Partido Popular y el distanciamiento de CiU, seguramente pensando en preparar las elecciones catalanas del próximo otoño, el Gobierno ha empezado a perder votaciones en las Cortes.
El consuelo que le queda al Gobierno es que el PP sólo recibe apoyos puntuales del partido de Rosa Díez, que sólo cuenta con un escaño, y cuenta en su lista de aliados potenciales con Coalición Canaria, con quien gobierna en las islas. El hecho de que la tercera y cuarta fuerzas del país (CiU y PNV) no entreguen sus votos al Gobierno puede generar serias dificultades para el Ejecutivo a lo largo del año y, por qué no, hacer peligrar la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado y de toda ley que no tramiten como decreto.
España tiene por delante un curso político lleno de eventos internacionales. Para empezar, los próximos 24 y 25 de septiembre nuestro país estará en Pittsburgh en la Cumbre del G-20 gracias a la invitación del Ejecutivo estadounidense. Además, en 2010 podría constituirse formalmente el G-14, es decir, el G-8 más los países emergentes, cumbre a la que también podría asistir España como invitada.
Pero no sólo de cumbres vivirá España este año: a partir de enero España ejercerá la presidencia de turno de la Unión Europea, semestre durante el cual entrará en vigor el Tratado de Lisboa, pendiente de la ratificación de Irlanda en un segundo referéndum. Además, Madrid acogerá entonces una cumbre UE-EEUU a la que asistirá el presidente norteamericano, Barack Obama y se espera que antes sea Zapatero quien acuda a la propia Casa Blanca.
Uno de los centros de atención de los próximos meses será Afganistán, donde España mantiene un contingente de casi 800 soldados y ha acumulado 26 bajas desde que, a finales de 2002, se desplegaron nuestras tropas en la región.
El resurgimiento de los talibanes en la zona y su presión sobre Pakistán, país vecino, con arsenal atómico y que vive un fuerte proceso de islamización, ha hecho que EEUU haya desplazado de nuevo su foco de atención desde Irak a Afganistán, solicitando a sus aliados un esfuerzo mayor para contener el ascenso de los talibanes. España, que prácticamente ha doblado sus efectivos en la zona desde que comenzó la misión, deberá posicionarse sobre si aumenta su contingente en la zona o no una vez se dé por cerrado el proceso de recuento electoral. Por lo pronto, en breve se podría solicitar al Parlamento que aprobara el envío de 200 soldados más.
El 2008 fue el año del cambio en Euskadi. Por primera vez en democracia los no nacionalistas gobiernan en la comunidad autónoma, y esto es así gracias a la alianza entre socialistas y populares. Pero ese mismo éxito para el Gobierno que supone convertir el País Vasco en un granero de votos para los socialistas y gobernar allí, es también un arma de doble filo para sus intereses en Madrid. Desde que Patxi López asumió el cargo de lehendakari, el PNV ha pasado de ser un socio importante para el Gobierno a convertirse en un grupo opositor más.
Este curso que ahora empieza será fundamental a este respecto por tres cuestiones: por una parte el Gobierno tendrá que intentar estabilizar su relación con el PNV, por otra tendrá que vigilar que su pacto con el PP en Euskadi no debilite sus alianzas con la izquierda parlamentaria y, por último, tendrá que intentar que la crispación entre PSOE y PP en Madrid no interfiera en la estabilidad de su acuerdo de Gobierno en Euskadi.
2010 será el año de entrada en servicio de una nueva línea de Alta Velocidad, que unirá Madrid con Valencia a través de Cuenca. Se pone fin así a una infraestructura que lleva coleando más de 10 años, tres de ellos de retrasos sobre la fecha prevista. Pero la inauguración de un trazado es sólo el paso final de años de obras. De hecho, a las 13 capitales de provincia que ya cuentan con Alta Velocidad (Madrid, Guadalajara, Zaragoza, Huesca, Lleida, Barcelona, Segovia, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla y Málaga) y las dos de este año (Cuenca y Valencia), se unirán otras en los próximos cinco años, por lo que la ejecución de sus obras a tiempo depende en gran medida del impulso que se le dé en este curso y el que viene.
En concreto se trata de la llegada del AVE a Cádiz, Jaén, Girona, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Albacete y Alicante (en 2012), Granada, Cáceres y Badajoz (en 2013) y Murcia (en 2014).
La noticia del verano ha sido, sin duda, el estallido de la trama de corrupción del ‘caso Gürtel’, que ha estado a punto de sentar en el banquillo a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana y principal valedor para que Mariano Rajoy siguiera como presidente del Partido Popular.
Con el archivo de la causa en este frente sólo se cierra parte del caso: la trama sigue abierta, existe un recurso pendiente y, en cualquier caso, muchos cargos o ex cargos del PP siguen en la lista de imputados. Entre ellos, el senador y ex tesorero del PP Luís Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote, tres diputados autonómicos madrileños (López Viejo, Bosch Tejedor y Martín Vasco), los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y Arganda del Rey, Ginés López, el ex diputado madrileño y ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente, el ex edil de Boadilla del Monte José Galeote, el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, y Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla.
En los últimos años, el Ejecutivo ha puesto en marcha una serie de ayudas económicas para determinados colectivos que, en este momento de crisis, podrían estar sujetos a revisión o cancelación. Este curso será clave para que el Gobierno evalúe la continuidad o no de dichas ayudas.
Es el caso del conocido como ‘cheque bebé’, mediante el cual se concede una ayuda mínima de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado, el plan de cuidado bucodental promovido por el ex ministro de Sanidad Bernat Soria, mediante el cual el Estado se hace cargo del dentista de los niños entre 7 y 15 años, el plan de ayudas al alquiler para jóvenes (210 euros al mes durante cuatro años y préstamo de 600 euros para fianzas), la devolución de los 400 euros del IRPF, o la última ayuda de 420 euros a los parados que hayan agotado su subsidio de desempleo desde el pasado 1 de enero.
ETA ha cumplido este año medio siglo de asesinatos, secuestros, mutilaciones, extorsiones y amenazas. Sigue siendo, por desgracia, el gran tema de fondo de la política nacional cada vez que a los asesinos les viene en gana asesinar a alguien. En los últimos 6 años han sido 11 las vidas que los terroristas se han llevado.
Según el Ministerio del Interior, la banda se encuentra en su momento más débil, lista para un golpe de gracia tras haber ido perdiendo a destacados jefes de sus aparatos en pocos meses: Martitegi, Iriondo, Aspiazu, Sirvent, Arruabarrena, Garmendia… Si hace dos años el objetivo del Gobierno fue el fin dialogado de la violencia, el nuevo objetivo de la política antiterrorista del Ejecutivo es conseguir el final de la banda terrorista mediante la acción judicial, policial y la deslegitimación social de los terroristas. Quién sabe si ETA será un reto durante este curso político porque acentúe su actuación o porque dé un nuevo paso, quién sabe si definitivo, hacia su desaparición.
España acogerá la presidencia de turno de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010. Lo hará después de ocho años: el entonces presidente José María Aznar ejerció la representación de la Unión Europea, incluso ante el G-8, en una situación bien diferente a la de ahora.
Con una Unión Europea mucho mayor, de 27 miembros, y en proceso de ampliarse aún más hacia Islandia, los Balcanes y quizá Turquía, los tres retos a los que se enfrentará Zapatero en política comunitaria pivotan en torno a la cohesión interna y a la capacidad de la Unión de salvar su estabilidad interna: la aplicación del Tratado de Lisboa, el Programa Estocolmo para aumentar la cooperación transfronteriza en lo referente a Justica y seguridad o el Tratado de Copenhague como continuación del de Kioto serán los deberes de Zapatero.
Las estadísticas demuestran que se están haciendo grandes progresos en las carreteras: este verano ha sido el primero en 46 años en el que han fallecido menos de 400 personas (PDF). Las cifras de fallecidos han ido bajando de forma constante: (2.181 en 2008, 2.741 en 2007, 3.015 en 2006…) y lleva camino de cerrar 2009 con una cifra también muy positiva (a estas alturas de 2008 habían fallecido ya casi 1400 personas, y en el mismo periodo de 2009 han fallecido unas 1.200).
Los motivos: más controles, mayor concienciación social, mejores carreteras, mejores condiciones de seguridad… Pero el reto sigue ahí: bajar de las dramáticas cifras que, aunque menores que antes, nos dejan las carreteras cada año. Además, las carreteras secundarias siguen siendo foco de accidentes constantes, y existen colectivos como el de los motoristas que reclaman desde hace años la sustitución de todos los quitamiedos de nuestras carreteras. Al Gobierno aún le queda mucho por hacer.
Barack Obama marcó el camino durante su campaña electoral: internet es un gran aliado de los políticos, siempre que sepan utilizarlo de forma adecuada. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, en nuestro país los políticos sólo se acuerdan de la Red cuando se acercan las elecciones. Entonces se modernizan las páginas web, se potencian los perfiles en las redes sociales, florecen los blogs y las cuentas de Twitter…
Uno de los grandes retos a los que deberá enfrentarse el Ejecutivo en este curso es a mejorar su presencia en internet y su comunicación a través de ella. Especialmente teniendo en cuenta la activa campaña que existe en contra de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, o a lo difícil que resulta encontrar información actualizada y accesible en la gran mayoría de páginas oficiales. Hoy en día una buena comunicación política es imposible sin una buena gestión de la Red.
Las denuncias presentadas por malos tratos en el ámbito familiar no han parado de crecer: si en 2007 fueron 80.553 denuncias (PDF) sobre este tema, en 2008 fueron 142.125 en total (PDF), casi el doble. A31 de agosto, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas suman 35, lo que supone un enorme recorte en proporción con las cifras de años anteriores: 76 en todo 2008, 71 en 2007 o 68 en 2005 (Datos completos en XLS).
En cualquier caso, la irrupción de la violencia de género en el escenario informativo del país en los últimos diez años ha hecho que la sociedad muestre una importante sensibilización sobre esta problemática. Aunque el Gobierno ha promovido iniciativas concretas desde 2004 (creación del 016 para atención a las víctimas, creación de juzgados específicos para acelerar la tramitación de estos delitos y de la figura de una Fiscalía específica), el drama de la violencia de género sigue siendo un problema de primer orden en nuestro país. No en vano, desde 1999 han perdido la vida 671 mujeres por este motivo.
Zapatero anunció durante el pasado Debate sobre el Estado de la Nación que el Gobierno iba a promover un cambio de modelo productivo para que el motor de nuestra economía pasaran a ser las empresas relativas a las energías sostenibles, que ya ocupan una posición de liderazgo en el mundo y una posición emergente en nuestro mercado energético. Según lo planteado, dicho sector, que sufrirá un enorme crecimiento en el futuro, absorbería la masa de parados que la burbuja inmobiliaria ha dejado, aunque requeriría de personal muy formado, por lo que también se potenciaría la educación.
Más de medio año después de aquel anuncio nada se sabe. Se prometió entonces un fondo de 20.000 millones gestionado por el Instituto de Crédito Oficial para desarrollar el plan pero la llegada del verano ha hecho que todo el proyecto quedara en nada. En manos del Gobierno está desarrollar lo que propuso… o atenerse a que la oposición se lo reproche en el próximo Debate sobre el Estado de la Nación.
Cuando Zapatero consiguió la reelección, algunos analistas aventuraron que podría tratarse de las últimas elecciones a las que el actual presidente del Gobierno concurriría como candidato. En caso de que el partido estuviera planteándose un relevo de esta magnitud, la transición tendría que ir tramitándose poco a poco para no resultar traumática, lo que supone colocar al candidato (o candidata) en posiciones visibles. La candidata que más sonó cuando surgió el rumor fue Carme Chacón, actual ministra de Defensa.
En cualquier caso, un futuro lavado de cara del Ejecutivo no sólo tendría que ver con una respuesta ante la crisis, ya que esa carta la usó Zapatero en su última remodelación. Una acción de este tipo requeriría estar hecha pensando en el futuro, y no sólo el del presidente. En la carrera por intentar dar golpes de efecto en plazas sensibles que celebran elecciones municipales o autonómicas en 2011 se especula con que algunos nombres ilustres del Gobierno podrían abandonar sus puestos para intentar reflotar al partido en puntos como Madrid (donde el señalado sería Ángel Gabilondo, actual ministro de Educación), Valencia o Cádiz (donde se especuló con Bibiana Aído, actual ministra de Igualdad), donde el Partido Popular campa a sus anchas.